Sin que el gobierno de Macri haya definido su política de ingresos, demorada en reuniones de “buenas intenciones” con los empresarios y sin consultar al movimiento obrero como lo había prometido, tampoco con un acuerdo de Gabinete, su ministro de Energía, Juan José Aranguren, comenzó a tomar resoluciones sobre los esquemas tarifarios del servicio de electricidad.
La resolución 6 del ministerio de Energía y Minería publicada el 27 de enero en el Boletín Oficial estableció un aumento en el precio mayorista de la energía que regirá desde el 1° de febrero en todo el país. El nuevo esquema contempla aumentos máximos de entre 200 y 300 por ciento para los clientes de mayor consumo y fija una tarifa social para los clientes de menores recursos.
Para la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Plata, jurisdicciones en las que sólo tiene ámbito para regular las tarifas al consumir, la resolución 7 del Ministerio de Energía, que se publicó el 28 de enero en el Boletín Oficial,ordenó al ENRE (el ente nacional de regulación) aplicar una tarifa social, que contempla un bloque gratuito por hasta 150 kwh/mes de energía gratis. Si consumen por encima de ese nivel, siempre que no hayan aumentado el uso del servicio, pagarán menos del 10% del precio de referencia por la porción que corresponde a la electricidad. Aún no está claro cuál será el costo de la distribución para ese sector.
Entre quienes podrán beneficiarse con la tarifa social están jubilados y pensionados que perciban hasta $12.120 (equivalente a dos salarios mínimos), empleados con un ingreso idéntico, titulares de planes sociales o con certificado de discapacidad, inscriptos en el régimen de monotributo social o en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y quienes cobran un seguro de desempleo. Desde hace tiempo el equipo de Aranguren venía diciendo que unos dos millones de hogares debajo de la línea de pobreza no pagarán la luz hasta los 150 kwh/mes (aunque ahora redujo la cantidad a sólo 900.000 hogares, sin explicar el porqué de la diferencia).
La norma también estableció quiénes no podrán acceder a la tarifa social. Por ejemplo, quienes tengan un auto con hasta 15 años de antigüedad, los dueños de embarcaciones o aeronaves de lujo y los propietarios de más de un inmueble.
“Adornando el tarifazo”
Aunque el cuadro tarifario todavía no se había hecho público al cierre de esta nota, el ministro Aranguren comenzó a explicar de manera confusa el viernes 29 como será la quita de subsidios en las boletas de luz de Buenos Aires y el Conurbano. Según el, la factura promedio del 70% de los usuarios residenciales (por ejemplo, de Edenor) pasará de los actuales $26 mensuales (o $52 bimestrales) a $158 cada 30 días (o $ 316 por bimestre). Es un aumento del 508%, o sea casi 6 veces lo que se venía pagando hasta ahora.
Aranguren precisó que ese número corresponde al promedio del 70% de los hogares de Buenos Aires y el Conurbano que consumen más de 202 kwh por mes (404 kwh por bimestre). Bajo la concesión de Edesur y Edenor, hay 4,6 millones de usuarios. 4,2 millones de esos hogares están subsidiados. Según él hay sólo 900.000 de esos hogares que califican para una tarifa social: pagarán casi lo mismo que ahora. En lugar de $26, serán $30 para los de menos consumo (150 kwh bimestrales).
El peso del ajuste caerá sobre 3,3 millones de hogares en la Región Metropolitana. Los 400.000 usuarios que no están recibiendo subsidios, porque viven en barrios o zonas de mayor poder adquisitivo, pasarán por un incremento, pero menor.
Con esta decisión, el Estado nacional cargará sobre esos 3,3 millones de hogares casi $70.000 millones: US$4.000 millones –$56.500 millones al tipo de cambio del viernes 29, pero será más cuando se deprecie el peso– por menores aportes en generación (la energía que luego se transforma en luz) y otros $10.000 que dejará de pagarle a Edesur y Edenor para que subsistan.
En lo operativo, las facturas que hoy se entregan en forma bimestral, seguirán bajo ese plazo. Los hogares podrán hacer dos pagos mensuales de esas boletas, como consuelo de semejante aumento. Los aumentos corresponden al período febrero-abril, aunque recién vendrán con las boletas de marzo y abril.
Para el 30% de los hogares de “bajo consumo” –75 kwh por mes (150 kwh bimestral)– la remarcación es de 440%. Hoy pagan $26 bimestrales y pasarán a $142.
Los hogares que entran en la tarifa social –beneficiarios de planes sociales, jubilados con la mínima, empleados que no llegan a $12.120 de ingresos, personal doméstico, monotributistas sociales, discapacitados, por ejemplo–, pagarán $30 en lugar de $26 si consumen poco. En cambio si también están dentro de los sectores “vulnerables”, pero consumen más (por arriba de 404 kwh/mes), su boleta se irá de $52 bimestrales a $86.
El ENRE, cuando regula las tarifas a los consumidores, lo hace sólo sobre el área de la ex Segba, es decir, sobre Edenor, Edesur y Edelap. El resto ya eran empresas provinciales que los gobernadores si privatizaron lo hicieron por su cuenta, como Buenos Aires, que puso cuadros tarifarios descomunales para vender más cara la compañía. Algo parecido ocurrió en Mendoza. Córdoba, aunque no privatizó EPEC, también ha venido aumentando desde 2006 sus tarifas. Así, en muchos de esos lugares, las tarifas de la luz han llegado a ser hasta siete veces superiores a las de Buenos Aires. Por esa razón, aunque aumenta el costo de la electricidad para todos, se estima que en el interior los aumentos serán de entre 35% y 40%.
Pero no todos opinan que debería ser así. “Un trabajo realizado en conjunto por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) y el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi mostró cómo los márgenes de distribución de la mendocina Edemsa y la cordobesa EPEC son altísimos. Un superávit que enriquece las arcas locales y disfrutaron sucesivas administraciones (“Hay provincias que no tienen motivos para aplicar subas”, Jorge Oviedo, La Nación, 30 de enero de 2016).
Herencia y mezquindades
Por más que el ministro Aranguren trate de hacer pasar este tarifazo como algo que ya estaba acordado en 2006 por el gobierno kirchnerista y contemple una tarifa social, lo cierto es que sin una recuperación previa del salario real devorado por la inflación del kirchnerismo y la propia del macrismo de diciembre y enero, el golpe será brutal para la gran mayoría de las familias trabajadoras. Además de lo mezquina que resulta la llamada tarifa social.
Aunque de hecho el gobierno de Macri reconozca que el límite de pobreza está muy por sobre el salario mínimo y vital –de lo que no se ocupa– al establecer un mínimo del doble del mismo, de $12.120 mensuales para la tarifa social, lo cierto es que aún se queda por debajo del límite de pobreza que estima la Junta Interna de ATE-Indec, en su cálculo publicado el 29 de enero, que fue de $15.677,40 a diciembre de 2015 para un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores. Y esto aclarando que sólo se trata de un mínimo de subsistencia, y no del nivel mínimo necesario para “una canasta optima, deseable”, que la Corriente Clasista y Combativa ha establecido en $23.000 mensuales como piso mínimo para las discusiones de paritarias.
