Nuevo agravio: Peña Nieto premia al general a cargo del Batallón de Iguala
El hasta ahora general Saavedra, fue nombrado nuevo inspector y Contralor General. Comandó la 35 Zona Militar en Chilpancingo y era jefe del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, cuando se realizó la masacre y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Se trata de una verdadera premiación a una de las figuras castrenses más polémica. Un nuevo gesto del presidente Enrique Peña para mantener de su lado al ejército.
Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa acusan con pruebas a Alejandro Saavedra Hernández de estar implicado en la desaparición forzada de los jóvenes. Hasta ahora, se mantiene la negativa para acceder a los cuarteles del Batallón de Iguala en el marco de la investigación del caso que cimbró el país y desató un gran movimiento democrático en las calles. Esto aun cuando está confirmada su presencia activa en la noche de la masacre.
Tan sólo a dos meses después de la desaparición, el gobierno asignó a Saavedra Hernández poderes más amplios y fue nombrado Comandante de la IX Región Militar en Guerrero.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) declaró que “el relevo de los altos mandos es parte de la política de rotación del personal militar, con la finalidad de que ocupen diferentes cargos dentro de las fuerzas castrenses en beneficio de su desarrollo militar”.
El mismo Saavedra había sido propuesto por el gabinete de Seguridad de Peña Nieto para coordinar la nueva estrategia de seguridad en Guerrero: léase, el incremento de la militarización de la entidad, una de gran tradición de lucha.
No obstante, apenas dos años después de su nombramiento Saavedra deja el cargo con la crisis abierta en torno al papel del ejército en la noche negra de Iguala y en el marco de la más profunda crisis de violencia en los años recientes.
Al polémico ascenso de Saavedra se suma la complicada situación que vive la población guerrerense. Apenas la semana que pasó se encontraron fosas clandestinas en Zitlala, donde se exhumaron 32 cuerpos y nueve cabezas. Mientras que entre el domingo 20 y el lunes 21, se contabilizaron alrededor de 30 muertes por supuestos enfrentamientos entre grupos criminales que luchan por el control del cultivo de amapola en Guerrero, cuya producción está en auge.
Denunciamos esta nueva afrenta contra los normalistas de Ayotzinapa y el conjunto de la juventud y la clase trabajadora que ha salido a protestar.
Urge que el conjunto de los explotados y los oprimidos enfrente la militarización del país, un arma del gobierno, las administraciones estadounidenses y las trasnacionales para acallar la protesta social.
