Cambiemos se exhibe cada vez más ostensiblemente como un gobierno de extorsionadores contra el pueblo trabajador. El presidente Mauricio Macri dijo que si no hay acuerdo con los buitres habrá “ajuste o hiperinflación”.
Pero esa amenaza pierde efectividad porque el ajuste ya está en curso con deterioro del poder de compra del salario y unos 100 mil despidos en el ámbito estatal y privado.
No sólo eso. La inflación pegó un salto enorme con el nuevo gobierno gracias a la devaluación y el envalentonamiento de las patronales.
Según la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inflación pasó de ser 2 % mensual en noviembre de 2015, antes del recambio presidencial, a 3,9 % en diciembre, 4,1 % en enero y 4 % en febrero.
Si se anualizan los últimos meses la inflación anual puede superar el 60 %. No es la hiperinflación del tramo final del gobierno de Raúl Alfonsín, pero la tendencia es claramente alcista. Con o sin acuerdo, la inflación sube por ascensor.
La única receta a mano del oficialismo para contener la inflación es la recesión que está contrayendo el consumo popular. Esa receta valió otra extorsión.
Se trata de la que lanzó hace unos meses el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, cuando llamó a no canjear salario por puestos de trabajo. Pero el poder de compra del salario se diluye a la par que se incrementan los despidos.
Las extorsiones del macrismo tienen la pólvora mojada.
Promesas
Al contrario de la lluvia de inversiones y el crecimiento que promete Cambiemos, el acuerdo de sometimiento a lo dictado por el buitre Paul Singer y Thomas Griesa agudizará los desequilibrios económicos.
El déficit fiscal se incrementará por el pago de los intereses de la deuda externa. El presupuesto de 2016 votado el año pasado a propuesta del kirchnerismo establece unos $ 100 mil millones para los intereses de la deuda. Con el acuerdo habrá que sumar unos $ 15 mil millones, un incremento del 15 % del gasto por intereses.
Además una notable reducción de los ingresos públicos está teniendo lugar por la quita y rebaja de retenciones a agroexportadores, mineras contaminantes e industriales. Incluso, la recesión también está desacelerando la recaudación tributaria.
El resultado de más gastos por intereses de la deuda y menos ingresos públicos es un déficit fiscal acrecentado.
También la escasez de dólares se hará más dramática. Este año hay compromisos de pagos de intereses por deuda en poder de privados y organismos multilaterales de crédito de unos U$S 5.500 millones (además, existen compromisos de cancelación de capital por U$S 12 mil millones). Esa salida de dólares por intereses se incrementará inmediatamente 20 % gracias a la pleitesía a los especuladores.
El cierre del frente con los fondos buitre, aunque puede dar unos meses de aire al macrismo, agudizará en el mediano plazo todos los desequilibrios económicos que están detrás de la recesión e inflación actual.
Es urgente un informe de archivo sobre las promesas de Fernando de la Rúa cuando en el año 2000 acordó el “blindaje” con los organismos internacionales. Prometió crecimiento. Trajo ajuste. Otro tanto ocurrió con el “megacanje” de Domingo Cavallo en 2001. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, está imputado por esa estafa que terminó de hundir el país.
Un día de estrés para el quórum
No hay plan B había dicho el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, para indicar que la única salida es un acuerdo con los buitres. Pero esa encerrona que describen los funcionarios de Cambiemos no está sólo dirigida a extorsionar al pueblo trabajador.
Al igual que la extorsión enunciada por el presidente Macri tuvo la función de presionar a la oposición que quería postergar el debate en la Cámara de Diputados hasta el día jueves.
En el Congreso no hay un debate real. Está actuando como una escribanía que se propone votar una ley cuyo articulado fue redactado en Nueva York por los abogados de los fondos buitre, con Paul Singer a la cabeza, y por el juez Thomas Griesa.
Incluso este juez le puso plazos al “debate” legislativo: el 14 de abril tienen que estar levantadas la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. De lo contrario, se cae el acuerdo.
La oposición del peronismo disidente surgida del divorcio de Diego Bossio y Juan Manuel Urtubey del Frente para la Victoria y el Frente Renovador se “alarmaron” frente a un dictamen de la Corte de Apelaciones de Nueva York que interrumpió el último fallo de Griesa que habilitaba un “stay” al embargo de fondos argentinos si el Congreso derogaban las leyes que impiden hacer una oferta a los buitres.
Ese detalle fue utilizado por la oposición para justificar su rol. Y para seguir con el intercambio de “sanguchitos y mates fríos” que develó el teléfono móvil de Diego Bossio.
Miguel Angel Pichetto utilizó la “alarma” para jugar en la interna del Frente para la Victoria como facilitador de recursos para los gobernadores feudales. También facilitará el quórum en el Senado, sin el cual la ley no se podría votar.
Marco Lavagna desde el Frente Renovador dijo que para votar "hay que taparse la nariz y seguir adelante". La oposición reclamó garantías de que no habría nuevo litigios y algunas mínimas reformas a la propuesta del gobierno. El gobierno concedió.
Los representantes del oficialismo tuvieron que salir a convencer a la oposición, como si hubiera alguna duda, que ahora había una presentación común con los abogados de los buitres para aplicar el “stay” y dejar el camino liberado al acuerdo entreguista. Finalmente,habemus quórum para el día de hoy.
Pagadores seriales
El gobierno kirchnerista derrochó U$S 200 mil millones en pagos de la deuda, según reconoció Cristina Fernández.
El exministro Axel Kicillof llegó a un acuerdo con el Club de París reconociendo una deuda de U$S 9.700 millones cuando las propias estadísticas del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas registraban empréstitos por unos U$S 6.000 millones.
Kicillof nunca explicó ese salto de la deuda. Aquel acuerdo fue redactado en París por los funcionarios de las principales potencias económicas y ni siquiera pasó por el Congreso de la Nación.
Los canjes de 2005 y 2010 extendieron la jurisdicción al exterior. Sin esa concesión Griesa no hubiera podido declarar el default de parte de la deuda externa.
La prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros, surgida de normativas de la última dictadura militar, se concedió en aquellos canjes, en el acuerdo con Chevron y en la Ley de Pago Soberano en beneficio de tribunales franceses y de otros países.
El kirchnerismo cumplió la función de naturalizar el pago de la deuda externa. La diferencia con el macrismo es una supuesta negociación soberana que otorgó en los canjes 300 % a los especuladores, sin contar otros beneficios como los cupones PBI y por inflación.
Existe un enorme retroceso de lo que se planteaba en la década del 80, a la salida de la dictadura, cuando el debate central era entre quienes planteaban, como la izquierda, el no pago de la deuda externa y aquellos que reclamaban una moratoria o que se investigue su legalidad. Lo natural ahora es ser “pagadores seriales”.
Al Congreso a decir no a los buitres y a toda la deuda
Desde 1976 al 2015 la deuda pública pasó de U$S 7.000 millones a U$S 240.000 millones, a pesar que desde 1983 a la actualidad los gobiernos constitucionales pagaron alrededor de U$S 400.000 millones.
Desde el empréstito de la londinense Baring Brothers al gobierno de Bernardino Rivadavia, que se pagó varias veces y prácticamente no se utilizó, la deuda externa se mostró como un mecanismo de expoliación del capital financiero imperialista.
El macrismo está encarando una estrategia de endeudamiento fenomenal. Además de los U$S 12 mil millones para los buitres que, de mínima, autorizará la ley que pretenden votar en el Congreso, cuenta con autorización para emitir por otros U$S 54 mil millones. Este último es endeudamiento que le dejó servido el kirchnerismo en el Presupuesto 2016 elaborado en el Ministerio que conducía Kicillof.
La diputada Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda rechazó la extorsión lanzada por Mauricio Macri acerca del ajuste y la hiperinflación: “Desde la izquierda no vamos a aceptar este brutal condicionamiento. La historia demuestra que siempre ha sido al revés, que los enormes ciclos de endeudamiento terminaron en catástrofes económicas y sociales. Lo que pasa es que ellos son empresarios y siempre se beneficiaron en esos momentos, como cuando en el 81 el grupo Macri logró estatizar su deuda privada o, más recientemente, Prat-Gay supo fugar dinero al exterior, por lo que está involucrado en el escándalo del HSBC ”.
“A nuestra propuesta de consulta popular vinculante, el presidente Macri le responde con un mecanismo de extorsión inaceptable”, concluyó Bregman.
Asimismo, la diputada convocó a repudiar este acuerdo entreguista hoy martes a las 17 horas frente a la Cámara de Diputados. La izquierda dice no a los buitres y a toda la deuda externa.
